Cada ser humano es único e irrepetible, y la discapacidad forma parte de esa diversidad, es consustancial a nuestra condición. Por eso (…) creemos (…) que éstas contribuyen al bienestar general y enriquecen la diversidad de la convivencia social
Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial
El concepto de discapacidad
Según expone la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la discapacidad engloba aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que imposibilitan intervenir de forma plena en la sociedad.
Se considera que son personas con discapacidad aquellas que presentan un grado igual o superior al 33 por ciento.
Las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la promoción de la autonomía personal, del acceso al empleo y de la inclusión en la comunidad, sin ninguna forma de discriminación.
Datos sobre el trabajo para personas con discapacidad
El número total de personas con discapacidad en España supone un 9% de la población, así lo indica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro de este porcentaje, ocupan una mayor parte las personas con deficiencia física, con un 45% del total, con el 26% se encuentran las que tienen alguna deficiencia psíquica, y el 10% de la población presenta una sensorial.
Existe un alto porcentaje de personas discapacitadas que se encuentran fuera del mercado laboral, especialmente se concentra en aquellos con edades superiores a 45 años. Este dato aumenta cuando el grado de discapacidad es mayor.
Entre las personas sin discapacidad, la inactividad laboral representa el 22 %, sin embargo, en las personas con discapacidad se alcanza casi el 65%.
Se detecta que cuando la persona con discapacidad cuenta con un nivel de estudios mayor dispone de más oportunidades para conseguir un empleo.
Y es en el sector público donde trabajan proporcionalmente más personas con discapacidad asalariadas que el resto de la población.
Las personas con discapacidad con trabajo solo superan a los inactivos cuando el grado de discapacidad es el menor (del 33 al 44 %). Por tanto, como se mencionaba antes, un mayor nivel de discapacidad reconocido, representa una menor posibilidad de acceso al mercado laboral.
Se contratan en mayor medida a personas con discapacidad en actividades como personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, peones de las industrias manufactureras, o vendedores en tiendas y almacenes. Se trata de empleos en los que se requiere una baja cualificación profesional.
(Datos obtenidos del Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad Estatal 2019 del SEPE).
Tipos de trabajo para personas con discapacidad
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los minusválidos (LISMI) establece en su artículo 38.1 que las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50, estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% de la plantilla. Salvo excepciones que por causas de carácter organizativo o técnico lo imposibilite.
En nuestro ordenamiento jurídico las personas con discapacidad disponen de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, y respecto al trabajo pueden realizar los siguientes tipos de empleo:
- Empleo ordinario, en las empresas y en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo. El acceso al empleo público se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora de la materia.
- Empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales.
- Empleo autónomo.
En el plano público los organismos públicos convocan oposiciones de cupo de reserva destinadas a personas con discapacidad, incluida la intelectual.
En el plano privado y asociativo existen empresas del sector servicios que realizan la contratación de personas discapacitadas.
Trabajo inclusivo
Cada vez más organismos públicos y privados abogan por el trabajo inclusivo, que permita una integración real de las personas discapacitadas en la sociedad, permitiendo que cuenten con mayor autonomía, y por tanto, mejor calidad de vida. Esta inclusión laboral incentiva que las personas discapacitadas puedan desplegar más habilidades.
La discapacidad, y más concretamente la intelectual, es una situación que con frecuencia deriva en discriminación. Para evitar esto, se realizan políticas inclusivas de las personas discapacitadas en distintos entornos de la vida social, entre los que se encuentra el trabajo.
Sin embargo, en el plano privado, aún en nuestros días, podemos observar un mercado de trabajo que se muestra reacio a la hora de incorporar a estas personas o de valorar sus capacidades en términos de progreso y promoción profesional.
Es por ello que la Administración Pública, en su papel de empleador, asume un papel protagonista en el acceso a puestos de trabajo de este colectivo, mediante la aplicación de medidas de acción positiva que compense la peculiar configuración del trabajo en sus entidades y organismos, siempre vinculado a los principios constitucionales de “mérito”, “capacidad” e igualdad. De entre estas medidas, además de las relacionadas con las adaptaciones de tiempos y medios, destacan muy especialmente los sistemas de cuotas o cupos de reserva de empleo público, que pretenden favorecer la incorporación a este ámbito de personas con discapacidad mediante la constitución de turnos de acceso específicos para ellas, salvaguardando en todo caso la vinculación a los mencionados principios constitucionales.
Las nuevas tecnologías han fomentado la incorporación en el trabajo a personas con discapacidad, pues facilitan su labor dentro de la empresa u organismo, pudiendo hacer adaptaciones para superar las dificultades por movilidad, audición o visión reducidas. Así sucede con el sistema de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual. Esta ayuda les permite trabajar de forma más autónoma y facilitar su comunicación con el entorno.
Empleo Público y discapacidad
En las Ofertas de Empleo Público se reserva un cupo no inferior al 7% para ser cubiertas entre personas con discapacidad, cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.
De esta reserva, al menos, el 2% de las plazas deben ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en un turno independiente.
Cada Administración Pública establece las adaptaciones de tiempos y medios para el proceso selectivo, así como la adecuación en el puesto de trabajo.
En la solicitud de participación en una convocatoria de empleo público el opositor interesado deberá indicarlo, y acreditar el grado de discapacidad requerido presentando el certificado de las autoridades competentes.
El trabajo para personas con discapacidad intelectual en la Administración Pública suelen centrarse en categorías como:
- Celador
- Conserje / ordenanza
- Planchadores
- Auxiliar / mozo de almacén
- Auxiliar de cocina / pinche
- Operario de limpieza
- Peón (lavandería)
- Auxiliar administrativo
- Jardinero
Presentación de solicitud
Con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Gobierno garantiza que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad, se relacionan con la Administración mediante los servicios electrónicos, en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.
De forma habitual, la presentación de la solicitud se exigirá que sea preferentemente telemática, ofreciendo una página web para cumplimentar los datos, así como una sección en el sitio web de la Administración Pública que recoja las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la tramitación de la solicitud.
También existirá la posibilidad de la presentación presencial de la solicitud generada electrónicamente, que deberá ser impresa. Se facilitarán las direcciones de los registros o las oficinas de asistencia en materia de registro, para entregar esta solicitud de forma física. Otra opción es hacerlo a través de las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
Tasa por derechos de examen
Las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% estarían exentas del pago de la tasa en concepto de derechos de examen para participar en las pruebas selectivas.
Requisitos
Los requisitos generales que se piden habitualmente para el acceso a la función pública son los que se relacionan a continuación:
- Poseer la nacionalidad española.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
- Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
- Titulación: según la categoría puede que no se exige tener ninguna titulación académica.
En el caso de las personas con discapacidad se requiere específicamente acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder y tener reconocida la condición legal de discapacitado con un grado igual o superior al 33%. En la solicitud de participación se manifestará que optan a este tipo de plazas. Si se quiere disfrutar de exención de tasas o cualquier tipo de adaptación en lo que se refiere a medios o tiempo durante las pruebas de acceso, deberá presentarse algún tipo de documentación que justifique esa necesidad.
Adaptaciones
Para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% se establecerán en las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o períodos de prácticas, las adaptaciones necesarias de tiempo adicional y medios (materiales y humanos, como asistencias y ayudas técnicas o tecnologías asistidas) para asegurar unas condiciones de igualdad.
Los opositores deberán hacer constar las necesidades específicas para el proceso selectivo. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
Una vez aprobado el proceso selectivo, el empleado público con discapacidad puede requerir adaptaciones del puesto de trabajo solicitado. Esta solicitud debe acompañarse un informe expedido por el órgano competente, que acredite esa adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto al que se desea acceder.
(Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad)
Porcentaje de presentados
En el caso de las convocatorias de Empleo Público para personas con discapacidad intelectual se puede hablar de una media de un 13% de aspirantes admitidos que se presentan a las plazas convocadas en diferentes categorías y Administraciones.
Si bien, existen casos donde esta media se incrementa notablemente, como en las plazas convocadas por la Comunidad de Madrid, para 11 plazas de auxiliar de control e información, en cuyo proceso selectivo fueron admitidas más de 760 personas.
Otro caso reseñable es el de las 279 plazas de Ordenanza para discapacidad intelectual de la Administración del Estado, en la que destacaba una lista definitiva de admitidos al examen con más de 4.000 personas.
La discapacidad no te define; te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.
Jim Abbott
Beneficios del trabajo para personas con discapacidad
Contar con una actividad que permita la autonomía económica y sobre todo personal, para poder llevar una vida integrada en la sociedad, ayuda a las personas con discapacidad a desarrollar sus habilidades y mejorar su comunicación colectiva.
Entre los beneficios aportados, la persona con discapacidad toma conciencia de su papel como participante activo en la sociedad y dentro de su entorno familiar, con un resultado positivo en su autoestima.
Nuestra Constitución aboga por el derecho a trabajar y la libre elección de ese empleo por parte de todos los españoles. Igualmente, la ONU defienda la igualdad de condiciones en el trabajo para las personas con discapacidad, y que dispongan de la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido.
¿Estás interesado/a en presentarte a unas oposiciones y tienes un grado de discapacidad reconocido? Cuéntanos qué dudas te surgen y te explicamos cómo acceder a un puesto en la Administración Pública.
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