El Estado podría convocar hasta 300.000 plazas antes del 2022

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Administración General del Estado:hasta 300.000 plazas antes del 2022

Hasta 300.000 plazas se podrían convocar en los próximos meses para acceder a la Administración general del Estado. La intención del Gobierno es que estas oposiciones se convoquen antes del 2022.

Iceta anuncia la inminente reforma de las oposiciones

Administración General del Estado

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha anunciado que presentará una nueva estrategia que dotará de hasta 300.000 plazas fijas a la Administración Pública que podrían convocarse antes de que finalice el año 2021.

Pretende que la propuesta de reforma se conozca antes del 31 de mayo pero ya ha adelantado que su principal preocupación es mejorar los procesos de la actualidad y convertir las plazas temporales en fijas.

Ha remarcado su entusiasmo por rejuvenecer la plantilla, recualificar y atraer talento con un público más joven. Para ello, plantea que las oposiciones dependan menos de los procesos de memoria, y más de las aptitudes y las actitudes. No obstante, ha recalcado que esto no tiene por qué provocar una menor capacitación y quiere que las oposiciones sean la primera opción de los jóvenes, y no el “último refugio”.

Estabilización de plazas

Según las estadísticas, la mitad de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) tendrán que jubilarse en un máximo de 10 años. Varios organismos, entre ellos SEPE o TGS, tiene una edad media de 52 años y tan solo un porcentaje del 12 posee menos de 40.

Miquel Iceta se ha comprometido con la Unión Europea a estabilizar 300.000 plazas cuyos procesos finalizarían a finales del 2024.

Del total de plazas, 218.671 ya están autorizadas en las ofertas públicas de empleo desde el 2017. A estas, el Ministerio de Política Territorial añadirá en los próximos ejercicios nuevas oposiciones para llegar al objetivo.

Además, se baraja una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), concretamente el artículo 10, para que las comunidades autónomas y los municipios convoquen en 3 años las plazas ofertadas. En caso de no convocarlas, la plaza desaparecería para que así las administraciones se den prisa con los procesos de selección y no pierdan efectivos.

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